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España es uno de los países más avanzados, al menos legalmente, en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI.
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En nuestro país, solo el 38% de trabajadores/as LGTBI comunica, de manera expresa, su orientación o identidad sexual a sus empleadores.
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Favorecer la inclusión de las personas LGTBI en el ámbito educativo es una herramienta imprescindible para alcanzar una diversidad social real.
Por Pablo Cerezal
Hace seis años, el Gobierno británico publicó un indulto para todas aquellas personas que, en el pasado, habían sido arrestadas, e incluso sufrido presidio, por motivos de sus preferencias sexuales. Una de las vícticamas de esta represión contra la homosexualidad fue el escritor Oscar Wilde, que en 1895 fue sentenciado a dos años de trabajos forzados. No solo eso: a la salida de la cárcel, vio cómo la fama cosechada anteriormente por sus obras literarias había trocado en un rechazo social que le obligó a expatriarse en París, donde moriría, en la más absoluta indigencia, 5 años después.
Han tenido que pasar 100 años para que Wilde pudiera descansar tranquilo. Sin embargo, el caso del literato dublinés es solo uno de los miles de que evidencian cómo la sociedad ha tardado en avanzar en el necesario respeto a la libertad sexual de las personas. Incluso aún hoy, momento en el que los derechos LGTB son reclamados a diario, todavía en 70 países la homosexualidad está castigada con penas de cárcel y, en otras 6 naciones, con la pena capital. En otras palabras: en pleno 2022, el 10% de la población mundial está en serio riesgo por su orientación o identidad sexual.
Aunque también hay buenas noticias: nuestro país se encuentra entre los más avanzados en materia de protección de derechos LGTBI, pues los últimos años han sido testigos de numerosos e importantes logros legales a favor de los derechos de las personas LGBTI en un camino que no ha sido para nada fácil.
Es importante destacar que hasta el 13 de diciembre de 1978, fecha en la que el pleno del Congreso de los Diputados modificó la vigente Ley de Peligrosidad Social, la homosexualidad estuvo penada en España. Con la aprobación del Código Penal, en 1995, esta legislación quedaba totalmente revocada, acabando, definitivamente, con todas las leyes que penaban el simple hecho de pertenecer al colectivo LGTBI.
Sin embargo, a pesar de dicho avance, este colectivo seguía teniendo vetados ciertos actos administrativos, como el del matrimonio. No sería hasta 2005 cuando se modificase el Código Civil para que personas del mismo género pudiesen contraer matrimonio, ni hasta 2007 que las personas trans tuviesen derecho a modificar la alusión a su sexo en el Registro Civil. Esto suponía la posibilidad del cambio legal de sexo, si bien aún se establecían una serie de requisitos discriminatorios.
Todos estos cambios supusieron un importante avance social en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI. Sin embargo, no siempre lo que se aprueba sobre la mesa acaba desembocando en la sociedad: el rechazo y la discriminación son tan peligrosos como la legislación restrictiva. Y todavía hoy el colectivo sigue luchando para acabar con ello: no ha sido hasta este mismo año que se ha aprobado la Ley integral para la igualdad de trato y no discriminación, también conocida como Ley Zerolo, una normativa tiene el doble objetivo de prevenir cualquier forma de discriminación, incluida aquella con motivaciones de orientación o identidad sexual, y proteger a las víctimas combinando el enfoque preventivo con el reparador.
También en junio de este año, el Consejo de Ministros ha enviado a las Cortes Generales el Proyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las personas Trans y para la Garantía de los derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales. Su aprobación significa el máximo avance de nuestra democracia para lograr el reconocimiento real, a todos los niveles, de la igualdad de derechos de todas las personas, independientemente de su orientación o identidad sexual.
El efecto más importante de esta nueva Ley será el reconocimiento de la libre determinación de género para las personas trans. Como señala Mar Cambrollé, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, “la autodeterminación de género es un derecho humano y, hasta ahora, las personas trans hemos sido sujetos tutelados, porque nuestra palabra tiene que ser acreditada por médicos o jueces”. Y es que, hasta ahora, el cambio de sexo legal obligaba a la persona solicitante a, entre otras cuestiones, presentar un diagnóstico médico de disforia de género y la certificación de llevar dos años de hormonación. Esto, según Cambrollé, es “patologizar a las personas trans” porque “la Organización Mundial de la Salud ya excluyó, en 2018, la transexualidad de su lista de trastornos mentales”.
A pesar de todo, no han sido pocas las organizaciones que han rechazado la Ley, tachándola de discriminatoria por anteponer el concepto de género al de sexo. Ante estas críticas, Cambrollé insiste en que esta Ley “no concede privilegios a las personas trans, sino que garantiza la efectiva igualdad y repara la desigualdad anacrónica y sistemática de las personas trans en España”.
Pero, logrados los necesarios avances legales y administrativos, ¿cuál es la realidad de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI? ¿Qué retos debemos afrontar para normalizar las preferencias de género o sexo y lograr la inclusión real?
E.M. siempre ha ocultado su homosexualidad en el entorno laboral. Esto le ha supuesto, entre otras cosas, no poder mantener relaciones de amistad con compañeros y compañeras de trabajo, a efectos de evitar que su condición sexual pudiese causarle problemas laborales. “El entorno laboral, especialmente en multinacionales como en la que yo trabajo, sigue siendo eminentemente homófobo”, asegura, “y las conversaciones durante los tiempos de descanso para tomar un café suelen estar plagadas de lugares comunes y chistes discriminatorios”. Lleva años soportando la situación como puede, incluso riendo las ocurrencias más deplorables de sus compañeros contra los homosexuales para evitar el rechazo y la confrontación. Al fin y al cabo, “todos necesitamos un sueldo para poder seguir adelante con nuestra vida, y no me la puedo jugar a perderlo por mi condición sexual”, indica.
El de E.M. es solo uno de tantos casos que evidencian que la inclusión social real de las personas LGTBI aún queda lejos. En España, de hecho, se estima que solo un 38% de empleados/as LGTBI decide comunicar de forma explícita su orientación o identidad sexual en el entorno laboral.
Según Óscar Muñoz, experto en diversidad y codirector de la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGTBI (REDI), “las personas, cuando entran a trabajar, no se convierten en máquinas, y muchas de las conversaciones que se mantienen en el ámbito laboral giran en torno a la vida laboral de los y las trabajadoras, cuestiones como los problemas de pareja o las inquietudes con los hijos”. Muñoz confirma que sí, cada vez más personas LGTBI deciden reconocer abiertamente su identidad ante los empleadores, “pero el problema surge cuando la respuesta que reciben es algo como: ‘está bien, pero no hace falta contar tu vida personal’”. El rechazo implícito en este tipo de actitudes hace que la gran mayoría de personas LGTBI siga ocultando su identidad u orientación sexual en la esfera laboral.
El origen de los problemas que enfrentan las personas LGTBI en el entorno laboral vienen de mucho antes, por lo que la educación que reciben las nuevas generaciones tiene que estar orientada a la inclusión y contra la discriminación. A fin de cuentas, educar es el pilar básico para lograr una igualdad real y una sociedad más integradora y cohesionada.
El pasado año, el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón retiraba, a petición de Abogados Cristianos, 32 libros de temática LGTBI que el Ayuntamiento de la ciudad había entregado a varios centros educativos con la intención de favorecer la inclusión en el entorno social más temprano. Es básica para afrontar con franqueza y normalidad una muy necesaria diversidad.
Por este motivo, expertos y organizaciones insisten en que son las empresas las que tienen que hacer un esfuerzo por la inclusión verdadera de las personas LGTBI en plantilla. El beneficio es mutuo: está demostrado que las personas que se sienten cómodas en su trabajo tienen un nivel mayor de implicación en la consecución de los objetivos empresariales.
Recordemos que Oscar Wilde sufrió estoicamente sus meses de cárcel, aprovechándolos incluso para ampliar su grandeza literaria con dos textos de una belleza incólume al paso del tiempo: De Profundis y Balada de la cárcel de Reading. A día de hoy, al menos en nuestro país, ninguna persona se verá obligada a cumplir condena penitenciaria por su orientación o identidad sexual, pero muchas personas LGTBI siguen encontrando idéntico rechazo social al que sufrió el autor irlandés y que, lamentablemente, le llevó al más oscuro ostracismo.
Las leyes que defienden al colectivo existen, pero la sociedad en su conjunto debe hacer un esfuerzo importante para lograr una inclusión del colectivo LGTBI plena y verdadera. Esta inclusión permitirá una diversidad social que fortalezca el tejido comunitario y nos ayude a afrontar los retos que nos depara el futuro inmediato.
Continúa en nuestro blog Demos vida a un hábitat mejor